El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, reconoció haber rentado durante más de 15 años un departamento en Polanco, propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, institución que actualmente enfrenta señalamientos legales por presuntos delitos como despojo, fraude y falsificación de documentos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés y aseguró que su relación fue exclusivamente como arrendatario.
De acuerdo con declaraciones públicas del propio funcionario, el inmueble se ubica en la calle Isaac Newton 256, en la colonia Polanco, una de las zonas con mayor plusvalía de la capital. Cravioto afirmó que pagaba una renta mensual de 20 mil 641 pesos y mostró facturas correspondientes, entre ellas las de agosto de 2025 y enero de 2026, para acreditar que cumplía puntualmente con los pagos.
La controversia surge en un contexto en el que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama ha sido señalada por presuntas irregularidades legales, incluyendo un operativo reciente en un refugio animal en Cuajimalpa. Sobre estos hechos, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han informado que existen investigaciones abiertas relacionadas con denuncias por posibles delitos patrimoniales, sin que hasta el momento se haya informado de resoluciones definitivas.
Cuestionado sobre un posible conflicto de interés, Cravioto sostuvo que nunca intervino en asuntos relacionados con la fundación desde su encargo público y que su vínculo fue únicamente contractual. Añadió que decidió mudarse hace aproximadamente un mes, al considerar que la actuación reciente de la institución “ya no era compatible” con sus valores personales.
Especialistas en temas inmobiliarios han señalado que el monto de la renta podría estar por debajo del promedio de mercado en Polanco, dependiendo de las características específicas del inmueble. Este punto ha abierto el debate sobre si existió algún beneficio indirecto, dado que el secretario de Gobierno participa en la coordinación política y administrativa de la capital.
En materia de responsabilidades administrativas, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México es la instancia facultada para investigar posibles faltas relacionadas con conflicto de interés o uso indebido de atribuciones por parte de servidores públicos. Hasta ahora, no se ha informado sobre el inicio de un procedimiento formal en contra del funcionario por este caso.
Cravioto, por su parte, acusó que existe una distorsión mediática en torno al tema y reiteró que cuenta con “cientos” de comprobantes que acreditan la legalidad de la relación contractual. Subrayó que no obtuvo trato preferencial y que su actuación como servidor público se mantuvo al margen de cualquier interés privado.
El caso se inserta en un contexto más amplio de escrutinio público sobre la relación entre funcionarios y organizaciones privadas en la Ciudad de México, donde la transparencia y la prevención de conflictos de interés constituyen ejes centrales del discurso institucional en materia de combate a la corrupción.
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