La Beca Benito Juárez se mantiene en 2026 como uno de los principales programas de apoyo educativo del Gobierno de México, respaldada por un presupuesto histórico que supera los 178 mil millones de pesos destinados al conjunto de becas de bienestar. Aunque la iniciativa busca garantizar la permanencia escolar y reducir la desigualdad, también enfrenta señalamientos persistentes por presuntas irregularidades en su operación y acusaciones de clientelismo político.
Para el ejercicio fiscal 2026, el apoyo dirigido a estudiantes de educación media superior conserva un monto bimestral de 1,900 pesos, entregado de manera directa a través de la Tarjeta del Bienestar durante 10 meses del año, excluyendo julio y agosto. De acuerdo con datos oficiales, el programa beneficia a más de cuatro millones de jóvenes inscritos en planteles públicos de todo el país.
Este financiamiento forma parte de un incremento global del 31 por ciento en el presupuesto destinado a becas educativas federales, con un énfasis en la universalización de los apoyos. En este contexto, la Beca Rita Cetina —que sustituyó al esquema previo de Benito Juárez para educación básica— amplía la cobertura a millones de familias adicionales, bajo el argumento de reducir la deserción escolar desde los primeros niveles educativos.
No obstante, el crecimiento presupuestal ha venido acompañado de críticas por parte de especialistas y organizaciones civiles. Diversos analistas señalan que el diseño del programa facilita su uso como herramienta de clientelismo político, al no establecer mecanismos claros para verificar el destino final de los recursos. Entre los señalamientos recurrentes se encuentra el uso del apoyo en gastos no educativos, como alimentos ultraprocesados o dispositivos electrónicos, así como el beneficio indirecto a intermediarios financieros.
Las observaciones sobre la operación del programa no son nuevas. Auditorías realizadas por la entonces Secretaría de la Función Pública, como la auditoría 18/2020, detectaron inconsistencias en los criterios de selección de beneficiarios, en el cumplimiento de metas y en los gastos operativos, lo que encendió alertas sobre posibles riesgos de corrupción y falta de control interno.
Por su parte, informes de la Auditoría Superior de la Federación han documentado, en ejercicios previos, deficiencias en la comprobación de erogaciones, con porcentajes que alcanzaron hasta el 4.3 por ciento del presupuesto auditado sin respaldo documental suficiente. También se han señalado debilidades en los mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados, incluso después de ajustes presupuestales realizados en años recientes.
Aunque hasta el momento no se han publicado auditorías específicas correspondientes al ejercicio 2026, especialistas advierten que la ampliación del diseño universal del programa incrementa el reto de la fiscalización. Con una cobertura potencial que podría alcanzar a cerca de 9.8 millones de familias adicionales en educación básica, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas se vuelve un elemento central para garantizar la eficacia del gasto público.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el objetivo del programa es asegurar el derecho a la educación y reducir las brechas de desigualdad. Sin embargo, organismos fiscalizadores y expertos coinciden en que el impacto social del programa dependerá no solo del monto asignado, sino de la capacidad institucional para supervisar su correcta aplicación y evitar su uso con fines ajenos a la política educativa.
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