El INE confirmó la producción de una miniserie documental cuyo objetivo es narrar y difundir el proceso electoral del Poder Judicial celebrado el 1 de junio de 2025, considerado inédito dentro del sistema democrático mexicano. El material busca explicar las etapas, alcances y particularidades de este ejercicio, de acuerdo con información institucional.
El proyecto fue adjudicado de forma directa a Gilberto Solís Mendívil por un monto de 1 millón 157 mil pesos, según registros administrativos del propio Instituto. La contratación externa se justificó como un servicio especializado de producción audiovisual, aun cuando el INE cuenta con áreas internas de comunicación social y producción de contenidos.
La polémica se intensificó tras difundirse que Solís Mendívil ha sido vinculado públicamente a casos de presunta corrupción en el estado de Hidalgo, en particular por su relación con Sergio Islas Olvera, exfuncionario sentenciado por el delito de peculado por un monto superior a 242 millones de pesos, conforme a resoluciones judiciales locales.
Ante estos señalamientos, consejeras electorales como Carla Humphrey y Dania Ravel manifestaron públicamente su deslinde del contrato, subrayando que no avalaron la decisión ni participaron en la adjudicación. Ambas consejeras expresaron preocupación por el impacto que este tipo de decisiones puede tener en la percepción pública del Instituto.
Carla Humphrey señaló que el INE cuenta con la capacidad técnica y humana para realizar internamente una producción de este tipo, por lo que cuestionó la necesidad de recurrir a recursos externos. Afirmó que fortalecer los contenidos institucionales desde dentro contribuiría a reforzar la confianza ciudadana en la autoridad electoral.
Por su parte, Dania Ravel enfatizó la importancia de la transparencia y la austeridad en el uso de recursos públicos, especialmente en un contexto de alta exigencia social hacia los organismos autónomos. Indicó que cualquier proyecto de difusión debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad y rendición de cuentas.
Hasta el momento, el INE no ha informado si revisará el contrato ni si realizará una evaluación adicional del proceso de adjudicación. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de contrataciones directas, la vigilancia de antecedentes de proveedores y la congruencia entre el discurso institucional y las prácticas administrativas.
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