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El magistrado presidente presentó un balance basado en la innovación, la protección a mujeres y la consolidación de una nueva arquitectura jurídica.
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La Unidad Violeta reforzó la respuesta judicial con miles de medidas de protección y sentencias que atendieron de inmediato casos de violencia contra mujeres.
En una sesión realizada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez entregó su Cuarto Informe de labores, correspondiente a 2025. Arrancó con un dato relevante: el Poder Judicial capitalino prevé cerrar 2027 sin el déficit presupuestal que arrastra desde hace más de una década.
Guerra Álvarez agradeció a magistradas, magistrados, operadores jurídicos y personal administrativo, haciendo especial mención de la base trabajadora. Reconoció su labor como la pieza que sostiene, día tras día, el funcionamiento del Tribunal. Dijo que México vive un cambio de época: nueva Constitución, un Código Nacional que transforma la vida civil y familiar, y una judicatura que se ajusta a un diseño completamente distinto al de hace apenas unos años.
Uno de los avances que más destacó fue el trabajo de la Unidad Violeta, el área especializada que atiende violencia de género y a personas vulnerables. Más allá de las cifras, con más de 73 mil medidas de protección otorgadas; más de cinco mil carpetas judiciales recibidas en delitos contra mujeres y más de dos mil quinientas sentencias, señaló que este esfuerzo ha permitido que muchas mujeres no enfrenten solas situaciones de riesgo. La intención, repitió, es que la justicia sea acompañamiento inmediato y no un trámite distante.
En el tema digital informó que en los últimos años, el PJCDMX desarrolló una infraestructura tecnológica que busca ordenar procesos y hacer más accesibles los servicios judiciales. Guerra insistió en una idea: la tecnología no sustituye a quienes imparten justicia; es una herramienta para responder mejor y más rápido, sin perder trato humano.
La transición al nuevo Código Nacional exigió una reorganización profunda dentro del Tribunal: redistribución de tareas, capacitación masiva, ajustes operativos y fortalecimiento de sistemas internos. El proceso, explicó, se planeó para evitar improvisaciones y dar claridad tanto al personal como a las personas usuarias.
La Reforma Judicial también tuvo un espacio destacado. El magistrado habló de una relación renovada entre ciudadanía y Estado, con mecanismos más directos de participación y con órganos autónomos encargados de vigilar la integridad y administración del Poder Judicial. A esto se suma el avance hacia la justicia electrónica, que empieza a marcar una diferencia en trámites y tiempos de respuesta.
En su mensaje sobre infraestructura fue claro, no se trata de edificios bonitos, sino de espacios dignos que reflejen el valor de lo público y el compromiso de la institución con quienes acuden a los juzgados. La modernización, dijo, debe verse y sentirse desde la primera visita.
El informe incluyó, además, los avances en derecho ambiental y justicia terapéutica, dos áreas que comienzan a ganar fuerza dentro del quehacer judicial capitalino. Juezas y jueces ya trabajan con criterios para evaluar daños ecológicos y, al mismo tiempo, se fortalecen modelos que buscan atender conflictos desde una perspectiva más humana y cercana a su origen.
En el plano nacional, Guerra Álvarez resaltó el papel de la CONATRIB como espacio de articulación entre los poderes judiciales del país. Desde ahí, recordó, se impulsó la implementación de la Reforma Laboral, la transición al Código Nacional, el fortalecimiento de la justicia digital y la profesionalización del personal especializado.
El informe se presenta en un momento significativo para el magistrado ya que acaba de ser reelecto al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México y también fue ratificado para continuar presidiendo la CONATRIB. Ambos nombramientos, dijo, representan una responsabilidad adicional para profundizar las transformaciones en marcha.
El evento contó con la presencia de Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la ministra Yasmín Esquivel; el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez.
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