El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Contraloría General capitalina a iniciar una investigación contra el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por el presunto uso indebido de recursos públicos relacionado con la ocupación de las instalaciones del Comité del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ubicadas en esa demarcación territorial.
Durante la sesión legislativa, se señaló que personal adscrito a la alcaldía habría participado en la toma y resguardo del inmueble del instituto político, pese a que dichos trabajadores reciben su salario del erario público y deben desempeñar funciones administrativas y operativas dentro de la estructura gubernamental local.
Asimismo, el Congreso capitalino solicitó dar vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), debido a que ya se inició la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1S/D/01258/06-2025 por el delito de despojo, en relación con los hechos ocurridos en el Comité del PRD en Coyoacán.
La diputada Nora Arias Contreras, del PRD, denunció desde tribuna que la participación de trabajadores públicos en acciones de control partidista constituye una violación directa a los principios de imparcialidad y neutralidad que deben regir el desempeño de los servidores públicos.
“Esto no es sólo una falta de respeto a la legalidad y a la función pública, puede constituir un indebido uso de recursos, abandono de funciones y una intervención indebida de la autoridad en la vida interna de los partidos”, afirmó.
La legisladora sostuvo que las alcaldías no deben ser utilizadas como instrumentos de presión política ni como mecanismos de control sobre actores partidistas, subrayando que su responsabilidad principal es atender las necesidades ciudadanas y garantizar el correcto ejercicio del servicio público.
Además, enfatizó que permitir que funcionarios intervengan en conflictos internos de instituciones políticas abre la puerta a prácticas de coacción, clientelismo y abuso de poder, lo cual vulnera el marco normativo que rige a la administración pública local.
El llamado del Congreso busca que tanto la Contraloría General como la Fiscalía determinen si existieron faltas administrativas o delitos que deriven en sanciones, con el objetivo de salvaguardar los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio público.
Las autoridades involucradas no han emitido posicionamiento oficial hasta el momento.
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